En estas últimas semana han saltado a la actualidad mediática dos casos que, aunque alejados entre sí miles de kilómetros, están unidos por el mismo principio y un movimiento social expresado en dos lemas: #MeToo y #YoSiTeCreoHermana.

Ambas consignas, promovidas por el movimiento feminista, elevan el testimonio de la denunciante a la categoría de prueba irrefutable, incluso cuando las investigaciones policiales y pruebas periciales demuestren la falsedad de tal testimonio. De hecho, parece que se quisiera abolir la investigación de los casos apoyados por estos movimientos, pues el mismo hecho de pretender aplicar las garantías procesales, se toma como una afrenta a "todas las mujeres".

De hecho, estas consignas partieron no de denuncias reales, sino de ausaciones en redes sociales o medios de comunicación, con lo cual sí se hace efectiva la abolición de las garantías procesales, ya que el acusado no tiene derecho a una investigación policial de los hechos o al peritaje de las pruebas por profesionales.

Esta vulgarización de la justicia, elevando el chismorreo a la categoría de litigio y el linchamiento a la categoría de sentencia, significa la abolición del proceso judicial y las garantías procesales. Los delitos, si es que lo son, donde se deben denunciar es en las comisaría y los juzgados, las acusaciones que se difunden impunemente a través de redes sociales y medios de comunicación no son sino difamaciones, y deben ser perseguidas y condenadas.

Estar contra el #MeToo es estar a favor de la justicia, porque para que ésta exista tiene que haber presunción de inocencia, investigación policial y condena sólo en el caso de que se hayan probado los delitos. Defendemos la justicia, y la justicia se hace con pruebas, no con campañas mediáticas.

Nos alegra, por un lado, la victoria contra la impunidad difamadora en el caso Deepp vs Heard y nos indigna el ninguneo a la justicia que significa el indulto, no sólo a una delincuente, sino a una forma de delinquir, en el caso María Sevilla. La Razón Comunista está con las víctimas de toda violencia doméstica, sean mujeres, hombres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, hijos, padres o ancianos. Y, al mismo tiempo, defendemos la presunción de inocencia y la igualdad ante la Ley. Las denuncias falsas existen, y solo se encubren para mantener a un ingente subvencionariado, esa clase parasitaria ideológica que es colocada por los partidos políticos en las democracias para difundir sus ideologías, pagados con los impuestos de todos los trabajadores.

Las víctimas de las denuncias falsas también han de ser defendidas, comprendidas y compensadas.