14.2- La inserción de España en la división internacional del trabajo a través de la Unión Europea

por Alicia Melchor Herrera y Santiago Armesilla

Resumen: En este artículo tratamos, a partir de datos históricos sobre desindustrialización, terciarización y destrucción del mundo rural español, como la economía de España ha acabado inserta en la división internacional del trabajo como una economía débil y subordinada a poderes extranjeros. En estos fenómenos históricos vemos dos periodos claros: 1) 1982-1995, de desindustrialización ejercida desde el propio gobierno del país, el de Felipe González y el PSOE, y 2) 1995-actualidad, caracterizado por una profundización de dicha desindustrialización dentro de una reconversión industrial mayor a escala de la Unión Europea. La salida de esta situación es imposible desde las estructuras de la UE, que son las que han impulsado la situación en que España y su clase obrera (que son lo mismo) están insertas.

Palabras clave: Desindustrialización, franquismo, PSOE, Unión Europea, mundo rural, división internacional del trabajo.

I. Introducción

Tras la crisis del petróleo de 1973, la llamada reconversión industrial no fue otra cosa que el conjunto de políticas de desindustrialización de España, particularmente de la minería, la siderurgia o la producción automovilística, entre otros sectores. Este proceso abarcó hasta bien entrada la década de 1990, conllevando, a su vez, una profunda reestructuración del mercado laboral español y, con ello, de su demografía y su natalidad. Con la excusa de la falta de rentabilidad de algunas de las empresas estatales y mixtas heredadas del franquismo, en muchos casos provocada por una gestión intencionadamente ineficiente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y luego el Partido Popular (PP), liberalizaron la economía española para que España pudiese formar parte del selecto club de la Comunidad Económica Europea (CEE), luego Unión Europea (UE), club que exige grandes sacrificios tanto para entrar como para salir, como ha demostrado el Brexit en el caso del Reino Unido.

La reconversión industrial española limitó la capacidad productiva nacional, redujo el número de fábricas, empresas y centros productivos mediante el desmantelamiento y/o privatización de nuestro tejido industrial, financiarizó nuestra economía, aplicó nuevos sistemas de gestión y organización laboral y limitó el número de empresas estatales en España a sectores poco competitivos, reduciendo el número de puestos de trabajo disponibles y aumentando con ello el paro. Gracias a este cambio de sistema productivo, España se convirtió en una nación sobre todo de servicios, principalmente turismo y ocio y tiempo libre. Siguiendo estándares, primero, de la OCDE, y después de la ONU, la economía española dejó de ser una economía industrial competitiva a nivel europeo y mundial (nuestra economía, en 1975, era la décima potencia industrial del Planeta y el segundo productor en astilleros del mundo) (Torres García, 2018), y la más afectada por ello fue nuestra clase obrera. Se limitó la capacidad productiva ajustando plantillas mediante un aumento de la temporalidad laboral y de los despidos, de las prejubilaciones, mediante el cierre de fábricas y otras instalaciones, etc. Y nuestra industria, en vez de seguir una lógica de planes y programas estatales a largo plazo, empezó a seguir la lógica de lo que Marx y Engels llamaron anarquía de la producción, la lógica del mercado. Las nuevas unidades económicas españolas tenían que reorientarse a sectores de consumo terciario, sin competir en siderurgia, construcción naval, automovilística, aérea y ferroviaria, minería, producción alimentaria, etc., con menores costos laborales y una gestión y reorganización del trabajo muy desigual a varios niveles (geográfico y poblacional).

En este artículo manejamos la hipótesis de que la economía española, desde 1982, e incluso antes, vive todavía de la inercia económica del franquismo, pero no ha dejado de estar en caída libre hacia una cada vez mayor desindustrialización, con su consiguiente descomposición social, laboral y política.

II. Estado de la cuestión

En forma de artículo o de libro, ya sea como ensayo o como investigación de historia económica de España, la desindustrialización o reconversión de la industria nacional española para poder entrar en la UE ha sido tratada en numerosos textos. El historiador Diego Díaz Alonso (2020) señala que nuestra inserción en la división internacional del trabajo típicamente postsoviética requirió nuestra desindustrialización. Afirma Alonso:

En esta misma línea, con perspectivas de futuro muy pesimistas para España, se encuentran ensayos como el de Ramón Muñoz (2012), García Ruiz (2019) o más recientemente Vega y Díaz (2022). Por lo que respecta a la contextualización geopolítica e histórica de esta inserción de España en la división internacional del trabajo, en paralelo con otras economías de la CEE/UE hay que destacar los ensayos de Arriola y Vasapollo (2004) y Arriola, Vasapollo y Martufi (2014). A una escala macrohistórica, parecida a la que nosotros vamos a desarrollar, y desde una perspectiva de clase, destacamos el breve estudio de Diego Guerrero (2007).

Desde nuestra perspectiva, todos estos escritos son puntos de partida fundamentales para tratar el tema de nuestro escrito. No obstante, en nuestro texto vamos a partir de estas investigaciones como base, pero nos vamos a centrar en datos históricos de desindustrialización en agricultura, ganadería y pesca, para, desde el análisis histórico comparativo, determinar hasta qué punto la desindustrialización de España ha generado falta de competitividad en nuestra economía y nos ha subordinado política y económicamente a terceros, particularmente a Alemania como aspiradora de recursos que lidera la Unión Europea.

III. Desarrollo de la investigación

Para poder entender la inserción de España en la división internacional del trabajo a partir de nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea, oficialmente efectiva a partir del 1 de enero de 1986, es preciso analizar el periodo justo anterior de nuestra historia económica. Este periodo, de apenas dos años (1984-1986), corresponde a los llamados “Procesos de Reconversión Industrial” que se tradujeron en el desmantelamiento de los medios de producción de propiedad estatal y mixta que España había logrado conformar durante la dictadura franquista, a partir de la constitución del Instituto Nacional de Industria en 1941. Mediante el plan publicado en el BOE del 28 de Julio de 1984 sobre “reconversión y reindustrialización” se planifica y se pone en marcha el desmantelamiento del tejido industrial público y/o de capital mixto, requisito fundamental para que fuera aceptada nuestra inserción en la división internacional del trabajo mediante la CEE.

La política de desindustrialización de España se empezó a realizar antes de nuestra entrada efectiva en la CEE -después UE-, y se hizo como paso previo para cumplir las exigencias económicas que se nos impusieron para entrar en la estructura económica europea, en función de los intereses comerciales de los Estados miembros, puesto que, desde los últimos años del franquismo, nuestro país se había convertido en potencial competidor de la industria francesa y de la entonces Alemania federal.

Entre 1975 y 1984, la capacidad productiva de los astilleros españoles se había reducido un 47,7% -un total de 2,6 millones de registros brutos- (Matías, 1984), y las proyecciones para 1986, año de entrada de España en la CEE, era la de “achatarrar” la capacidad productiva de los astilleros españoles en 27,5 millones de toneladas. Llegamos a producir 162 millones de toneladas en 1980.

En un curso de verano de 1984, en Santander, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Francisco Largo Caballero, el entonces director comunitario de reestructuración industrial de la CEE, el alemán Rolf Moeher, afirmó que la desindustrialización de España debía realizarse “incluso si nuestro país no fuera candidato a la integración en Europa” (Matías, 1984). Moeher, es decir, la República Federal Alemana, veía a España como un competidor industrial, al igual que lo eran ya entonces Japón, Corea del Sur, Brasil y México. La idea de la Alemania federal entonces era la reconversión industrial de toda la CEE, y de las naciones aspirantes a ser parte de esta, para potenciar la industria alemana y utilizar a la CEE, luego UE, como plataforma desde la que competir con unidades político-económicas más sólidas por ser estatales, como los EEUU.

Para consultar la enorme cantidad de industrias estatales y de capital mixto que, desde 1941, se generaron en España, recomendamos visitar el artículo de la revista La Razón Comunista titulado “Privatización y desindustrialización durante la Transición”:

A partir de 1985, después de la primera fase de desindustrialización, la inestabilidad laboral se instala en España de manera permanente hasta nuestros días. Fue en ese año cuando se firmó el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, y cuando comienza un periodo de masivas privatizaciones de empresas estatales que llega hasta el año 1996, con la victoria por mayoría simple de José María Aznar en las elecciones generales de ese año, y la llegada del Partido Popular al poder por primera vez.

Esta etapa de privatizaciones masivas (de 1985 a 1996), se gestiona a través de organismos como el INI, el TENEO (sociedad anónima de titularidad pública nacida en 1992, a la que el INI debía ir transfiriendo gradualmente las acciones de aquellas empresas públicas que se regirían con estricta sujeción al ordenamiento jurídico privado y que, según normativa de la Unión Europea, no podían recibir ayudas), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, la Agencia Industrial del Estado o el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Hubo, por un lado, privatizaciones, o sea, venta directa de empresas estatales, y por otro, desinversiones totales de las participaciones que tenía el Estado en empresas mixtas, o sea, venta de acciones en bolsa.

El INI pasó de ser un organismo autónomo a una entidad de derecho público en 1989, a partir de la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo a su artículo 123. Siguió adscrito al llamado en aquel año Ministerio de Industria y Energía. Así, pasó a regirse, estrictamente, por ordenamiento jurídico privado y a actuar según principios de rentabilidad y eficiencia, sin ningún tipo de planificación estatal. Seis años después, en 1995, el INI es disuelto por Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, y por Ley 5/1996, de 10 de enero. El TENEO se agrupó en la SEPI, así como el también suprimido Instituto Nacional de Hidrocarburos y todas las empresas privadas que habían recibido ayudas públicas del INI. El motivo de la disolución del INI fue su propia razón de ser, aquella para la que fue diseñado: la protección del tejido empresarial nacional mediante apoyos estatales para mejorar su gestión. Pero este modelo proteccionista era incompatible con el “modelo comunitario” de la CEE/UE, que prohibía que los Estados apoyasen a las empresas. Esta negativa a la intervención estatal no impidió que fuera el Estado, bajo el gobierno de Felipe González, mediante los planes de reconversión y desindustrialización, el encargado de desmantelar el tejido productivo español, tanto público como mixto, arrastrando con ello a un gran número de empresas privadas.

Entre 1986 y 1992 España vivió un período de alto crecimiento económico -el mayor de la CEE durante aquellos años-, gracias, en parte, a la recogida de beneficios de la venta de empresas estatales y participaciones en empresas mixtas, y al cobro de ayudas y préstamos de la CEE, pero como contraparte se produjo un aumento considerable del paro, lo que desembocó en una alta inestabilidad social, que culminó con la huelga general de 1988 -la mayor de la historia de España-. En 1993 el número de parados alcanzó las 3.300.000 personas. Para dejar claro cómo se iban a resolver los problemas sociales de ahí en adelante, se introdujeron en el mercado de trabajo, vía reforma laboral de 1994, las primeras empresas de trabajo temporal, que asumirían la principal función del INEM, cobrando su gestión con parte del sueldo de los trabajadores cuya contratación gestionaban. Posteriormente el INEM renunció a otra de sus funciones: la programación, gestión e impartición de cursos de capacitación a parados, que se privatizó gestionándose a través de subvenciones a fundaciones, sindicatos o academias privadas. Se permitió de esta forma al sector privado rentabilizar el paro provocado por la inserción de España en la división internacional del Trabajo.

A partir de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores (menos lucrativos), como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos. En este periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica o siderurgia; como ENDESA, REPSOL, TELEFÓNICA, ENCE, INDRA (empresa con tres líneas de negocio: Tecnologías de la Información, Simulación y Sistemas Automáticos de Mantenimiento, y Equipos Electrónicos de Defensa, privatizada en 1998 y que sería el germen de la multinacional Indra Sistemas, S.A., en el IBEX 35 desde 1999 y que en 2016 tuvo ingresos de 2.709 millones de €). También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades. Además de medios de comunicación como la COPE, tiendas libres de impuestos en puertos y aeropuertos: ALDEASA; aseguradoras de seguros sanitarios: INISAS; Bancos como el de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito de la Construcción, Banco Hipotecario de España o ARGENTARIA; Productos Médicos como SURGICLINIC (fabricación de productos técnico sanitarios) o MOLYPHARMA (preparación y distribución de radio-fármacos para medicina nuclear convencional, así como producción y comercialización de radio-fármacos para tomografía, adquirido por Grupo IBA PHARMA SPRL que está, a su vez, mayoritariamente participado por un grupo de inversión americano); empresas de electrónica: Ingenesa, Pesa, ASDL o Gyconsa; Transporte pasajeros por carretera: ENATCAR (Empresa Nacional de Transporte por Carretera); Transporte aéreo: ARSA / AUSTRAL; Transporte marítimo de pasajeros, vehículos y cargas en las zonas de Baleares, estrecho de Gibraltar y Canarias: TRANSMEDITERRÁNEA; Transporte de explosivos, tanto civiles como de defensa: ENUSEGUR, S.A. y ETSA DOI, S.R.L., herederas de ENUSA y adquiridas por MAXAMCORP HOLDING, S.L.; Construcción Naval, Astilleros: Motores MDB, IZAR (construcción naval civil. Gijón, Manises, Sestao y Sevilla: en el año 2000 Bazán, que poseía astilleros en Cartagena, Ferrol y San Fernando, se fusionó con Astilleros Españoles (AESA), dando lugar a Izar. En diciembre de 2004 el SEPI segrega la rama militar de Izar creando Navantia); Composites: ICSA / AYA (aeronáutica y de defensa), LM COMPOSITES (palas para aerogeneradores); Metalurgia: Issa; Siderurgia: ACERALIA (producción de acero, adquirido por la multinacional Arcelor) Productos TUBULARES (fabricación y comercialización de tubos de acero sin soldadura, aleados, inoxidables o de carbono, así como botellas de acero para gases a alta presión); Aluminios: Aluflet, Conversión Aluminio (Fabricación y comercialización de bandas de aluminio laqueadas e impresas destinadas al envasado de alimentos, privatizada en 2001 como Alucoat Conversión); Medio Ambiente: INIMA (depuradoras, desaladoras, tratamiento de residuos, hoy en manos de la multinacional de la construcción OHL); Autopistas: ENA (Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, dirección y coordinación de la gestión de las sociedades filiales); Alimentación: PBA, Miraflores, Miel Española, Fridarago; Tabacos: ALTADIS (Antes Tabacalera)... Los dos siguientes gobiernos de Aznar continuaron esta tendencia a las privatizaciones, como ocurrió con el caso de SINTEL, filial de Telefónica.

Este es el marco histórico en el que se desarrolla la inserción de la economía española en las cadenas globales de valor y cómo nuestra mano de obra, nacional y extranjera residente, legal o ilegal, se inserta en la división internacional del trabajo en la actual fase del modo de producción capitalista, cada vez más financiarizada.

Una vez desmantelado el sector industrial, tecnológico, automovilístico, los astilleros, las telecomunicaciones, etc., se empezó a legislar la remodelación del sector ganadero y agrícola, que ya anteriormente se había visto afectado por el cierre de las manufactureras de envasado alimentario y tabaquero.

Un ejemplo es el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de porcino extensivo. Dentro de la política ecologista de la UE, que conlleva también un importante grado de desindustrialización, España incorporó a su legislación las directivas que, en años anteriores, la UE había dispuesto en materia de reducción de amoniaco, compuestos orgánicos volátiles y otros “contaminantes atmosféricos” como “gases de efecto invernadero”. Esto implica que los ganaderos se verán obligados a reducir cada vez más la producción de porcino en extensivo en España debido a la rebaja en la densidad de cerdos por km2 de dehesa.

Otro episodio reciente, como es el del desabastecimiento de leche en muchos supermercados desde hace meses, está relacionado con el alto coste de producción, duplicado entre 2021 y 2022, que hace insostenible el mantenimiento de las instalaciones de producción de ganadería intensiva. Pero esto es solo un efecto de una política económica de largo recorrido. Las instalaciones ganaderas españolas se organizaron mediante legislaciones redactadas a medida de intereses de grandes empresas lácteas francesas, belgas y suizas, que acabaron con las pequeñas ganaderías de producción láctea españolas. Entre 1981 y 1983, los Estados miembro de la CEE acordaron la cantidad de leche que debían comercializar en un determinado año o año base. Nuestro sector lácteo, ya desde entonces, se encaminó casi exclusivamente a la producción, distribución y consumo de leche líquida. La fabricación de productos industriales lácteos era testimonial, y el abastecimiento de estos, ya desde entonces, empezó a depender de importaciones, sobre todo de quesos. En 1985 se determinó el volumen total de nuestra cuota. Entre 1986 y 1992 se aplicaron los Montantes Complementarios de la Adhesión (MCA) y los Mecanismos Compensatorios de los Intercambios (MCI), instituciones fundamentales para la aplicación de la política agrícola común de la CEE (González Carbajo, 1996). Se estableció un régimen de cuotas productivas que afecto muy negativamente al sector lácteo, recortando la oferta de materia prima necesaria para el desarrollo y elaboración de productos. Además, comenzó entonces un desequilibrio en la distribución geográfica de los compradores industriales y de los productores de leche, siendo muy superior en Cataluña y Madrid con respecto a Galicia, Asturias y Cantabria, cuyas pequeñas productoras o cerraron, o pasaron a depender de empresas francesas o suizas. Como señala Alicia Langreo Navarro:

Sin embargo, esas empresas españolas fueron poco a poco siendo asimiladas por transnacionales lácteas francesas, suizas y belgas. Esto se desarrolló durante el proceso por el cual la CEE, luego UE, obligó a España a pasar de una ganadería extensiva o de pasto a una ganadería intensiva o industrial. Esta normativa europea ha tenido dos consecuencias fundamentales. Por una parte, el descenso de la renta media en el medio rural español y, por otra, el aumento de los desastres naturales. Ya de por sí, la competencia entre ganadería tradicional e industrial es desigual en cuanto a productividad y sistema de trabajo, pero a ello se unen trabas normativas y administrativas como la medición por parte de la UE del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), resultado de la valoración porcentual de los factores suelo, vegetación y pendiente. Esta medida de cálculo se supone que refleja la productividad como fuente de pasto para animales de una finca o superficie que sea área SIGPAC, y a partir de ahí, se asignarán terrenos de pasto para cada ganadero. Pero, según las quejas de los ganaderos de extensivo, los factores que sirven de base para estos cálculos no tienen en cuenta las particularidades de todos los terrenos, y por si esto fuera poco, los responsables técnicos y políticos de la UE impusieron un CAP que excluía bosques, zonas leñosas y territorios de alta montaña en los que, tradicionalmente, pasta el ganado, de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común). SIGPAC, por su parte, son las siglas de Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, herramienta informática que surge en 2000, e incluye todas las parcelas registradas de cultivo en el catastro de cada Estado miembro de la UE.

La cuestión es que la explotación del modelo industrial de producción cárnica es favorecida por la normativa de la UE en contra del modelo extensivo o el modelo mixto que pasta en primavera y otoño y se alimenta de pienso en verano e invierno, y ambos son ecológicamente beneficiosos entre otras razones porque contribuyen a prevenir incendios forestales y a abaratar la producción cárnica. Pero la UE impone modelos de explotación que no están pensados para aprovechar nuestros recursos y nuestro potencial económico.

La ganadería extensiva es la forma más eficaz de prevenir incendios porque controla la vegetación a tres alturas diferentes, desbroza el monte de forma natural y permite conservar infraestructuras vitales para la prevención y extinción de incendios -como caminos, puntos de agua utilizados para bebederos del ganado, casetas que usan los pastores para guardar aperos, corrales, etc.-, además de que contribuye a fijar población en las zonas rurales. Ahora bien, es muy difícil que nueva población pueda asentarse en zonas rurales, y a partir de ella reordenar la división del trabajo interna en nuestro campo, cuando no se puede entrar a pastar, ni a construir caminos y veredas debido a que existen legislaciones consolidadas en España que se deben al marco que nos impone la UE. Ejemplo de ello es el RD 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazas (tanto animales como vegetales), y su actualización publicada el 21/09/2021 (BOE, 2011/2021).

Gracias a todo ello, está muriendo el oficio de pastor y con él la ganadería extensiva. En la última década, el censo de ovino en España ha perdido más de 6 millones de animales, por lo que, si no ponemos remedio a tiempo, el número de incendios irá a más. El pastoreo controlado convierte a los ganaderos en vigilantes permanentes del ecosistema, especialmente de las zonas boscosas, al tiempo que contribuyen a limpiar el monte de material combustible, sobre todo en zonas de difícil acceso. La acción del ganado controlado por los pastores mantiene limpias las áreas cortafuegos, provocando discontinuidades en las masas forestales que impiden o dificultan la propagación de los incendios.

En definitiva, la legislación del nuevo CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) emanada del parlamento europeo, significa la puntilla definitiva que acabará con el pastoreo, con el pequeño ganadero y con los pequeños pueblos que viven del ganado. Tiene como objetivo industrializar la ganadería, pero bajo el control de empresas extranjeras, y conseguir la estabulación obligatoria del ganado que hasta ahora pastaba al aire libre.

Esta política de la UE, unida a la desindustrialización, ha sido decisiva a la hora de despoblar la España rural (la llamada “España vaciada”), que parece abocada a convertirse en un simple decorado para turismo rural de domingueros o para el establecimiento de falsos autónomos urbanitas que teletrabajan desde pueblos.

Las normativas europeas que afectan al campo español, unidas a las que penalizan el consumo de tabaco (DOUE, nº 17, de 29 de abril de 2014: 1-38) también afectaron a la producción y distribución de tabaco en España, de la cual, todavía hoy, el 98% de la producción se realiza en Extremadura. Entre 1990 y 2014 se ha reducido el número de hectáreas de cultivo (de 21,1 a 10,5), el número de explotaciones agrícolas (de 17,3 a 2,2), la producción de hoja de tabaco en España en miles de toneladas (de 43,2 a 34,0) y el tamaño del mercado en miles de millones de cigarrillos (de 81,9 a 46,8) (Adelta, 2015: 71). Pero, además, la regulación del mercado provoca desigualdades tan enormes como que el agricultor y productor de tabaco en Extremadura cobre 50 céntimos por kg de tabaco mientras que el precio de venta al público de una cajetilla de 125 gramos de tabaco sea de 4 euros. El monopolio estatal de Tabacalera en materia de fabricación y distribución, que duró hasta la década de 1980, pasó a su liberalización mediante seis empresas a partir de 1991 (ninguna con sede en Extremadura), mientras que el monopolio estatal en transformación parte del SNCFT (Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco) pasó a cuatro empresas transformadoras. Según datos de la Mesa del Tabaco (2020: 4-9), aunque Extremadura es la mayor productora de hoja de tabaco de toda la UE, la producción nacional de cigarrillos y cigarritos se reparte entre Canarias (la mayor productora), Cantabria y Navarra.

También fue a menos la producción española, entre 1970 y 1990, de trigo, cebada, patata, lechuga, uva, aceituna y huevos, con un repunte al alza de muchos de estos productos hacia 1980, debido que esa década fue la última de impulso estatal industrial público y mixto en España (Expósito y Rodríguez, 2002: 10). La UE ha limitado nuestra capacidad productiva, sobre todo, en cereales, perjudicando con ello a las regiones cerealistas, sobre todo las dos Castillas.

En lo que respecta al segundo sector, el industrial, el desmantelamiento de la industria española se cebó, sobre todo, con las pequeñas industrias que trabajaban suministrando material a las grandes industrias nacionales como SEAT, Altos Hornos, etc. Al privatizarse y ser compradas o absorbidas por otras grandes, dejaron de comprar materias primas a productores locales que se dedicaban a la producción de piezas para motores, pequeñas torneras, piezas industriales para maquinaria agrícola, piezas para empresas automovilísticas, para trenes, aviones, barcos y astilleros, entre otras.

Melchor Herrera (2019) refiere a las legislaciones que hasta 1995 determinaron el proceso de desindustrialización en España, pero después de ese año el proceso continuó (Fariñas, Martín Marcos y Velázquez, 2015: 7-55). Desde el año 2000, España es uno de los países que más peso industrial pierde de toda la UE. Las causas son diversas: cambio en la estructura productiva y en la demanda relativa, dificultades para competir mercantilmente con otras sociedades políticas (particularmente Canadá, Brasil, Corea del Sur, pero también dentro de la UE Italia, Francia o Alemania), externalización de la industria española (la entrega de actividades de empresas españolas, la mayoría públicas o mixtas, a otras especializadas privadas con sede fiscal en el extranjero) y terciarización, esto es, especialización en el sector servicios, particularmente ocio y tiempo libre y, sobre todo, turismo. Desde la década de 1970, la disminución de la participación de las manufacturas en el PIB y en el empleo de los países desarrollados es una constante, salvo en Corea del Sur. Se ha debido, entre otros factores, a la deslocalización de empresas manufactureras a Asia y, más recientemente, a los BRICS. Entre el 2000 y el 2012 este proceso se aceleró, y en gran medida, explica parte del éxito de la política económica de la República Popular China. Es decir, el peso, en términos de valor añadido, de la industria de la UE ha disminuido muchísimo respecto del total mundial. España ganó peso económico relativo dentro de la UE entre 1986 hasta 2012 (sobre todo porque antes no estaba dentro de la CEE), pero también lo ha ido perdiendo desde ese año.

No obstante, diversas legislaciones han ayudado a reducir, cada vez más, el peso de la cada vez menor industria española, incluso dentro del proceso progresivo de desindustrialización que ha vivido la UE desde el año 2000, y que hemos referido en el párrafo anterior. Hemos de citar los efectos económicos en el campo español del Código de Protección y Bienestar Animal, del 9 de septiembre de 2022, en el que se especifican las medidas de estabulación (alimentación, tratamientos médicos, inseminación, gestación y parto), así como la reglamentación para el transporte a los mataderos y los protocolos de aturdimiento antes del sacrificio.

A partir del año 2021, la PAC establece restricciones al uso de pesticidas, fertilizantes, antibióticos y, en definitiva, a las herramientas con las que cuentan los agricultores y ganaderos para producir sus alimentos de manera segura y suficiente para garantizar el abastecimiento. El problema con estas restricciones es que no se han basado en evidencias científicas ni un detallado estudio de impacto, sino meramente en prejuicios ideológicos (Zoido, 2021).

A principios de siglo, existían en España unos 130.000 productores de leche de este tipo. Ahora sólo quedan entre 12.000 y 13.000, calcula María Jesús Villamide, profesora de Producción Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): "El precio que les pagan [a los ganaderos] por la leche no les cubre los gastos. Los gastos los cubren añadiendo el precio que obtienen por la carne, más los pagos de la PAC […] Sino, sería imposible", explica Villamide (Fiter 2021).

En este 2022, sólo en la región asturiana, Central Lechera Asturiana (Clas), cifra en 71 las explotaciones que han cerrado en lo que va de año, lo que supone una media de ocho al mes. (Mariola Riera, 2022)

IV. Conclusiones

La inserción de España en la división internacional del trabajo y en las cadenas globales de valor capitalistas actuales, caracterizadas por una cada vez mayor hegemonía del capital financiarizado, ha tenido, y tiene, a nuestro juicio, tres importantes características históricas:

1) previa a esta inserción fue necesaria una reconversión industrial, o desindustrialización, que privatizó o desmanteló un gran número de empresas estatales generadas durante la dictadura franquista, con la finalidad de evitar que España fuese competencia de otras potencias dentro de la propia CEE, luego UE;

2) desde 1982 hasta 2008, incluyendo gobiernos del PSOE y del PP, la única forma en que España podía generar valor añadido en su economía era a través de la economía del ladrillo: la construcción de viviendas, que tras la Gran Recesión de 2007/2008 generó una burbuja inmobiliaria, con la consiguiente desestabilización del mercado de viviendas, y los problemas de caja que acusaron promotoras y constructoras, que tuvieron que recurrir a liquidaciones y despidos, y que arrastraron a la quiebra, junto con el gran número de hipotecas concedidas, a algunos bancos y cajas de ahorros. Todo ello acompañado, una vez más de despidos masivos en el sector;

3) la propia UE, también a partir de la Gran Recesión de 2007/2008, aunque el proceso se empieza a ver desde antes, aproximadamente desde 1995, sufre también un proceso de reconversión industrial, debido a la deslocalización de empresas europeas en Asia, y a políticas ecologistas determinadas desde la propia UE y desde la ONU, por lo que las naciones miembro de la UE que ya se habían desindustrializado, como España, ahora vivían un segundo, y más letal incluso, proceso de desindustrialización, que incide aún más en el vaciamiento demográfico del interior rural del país.

Este es el contexto en el que la desindustrialización de España, la pérdida de pujanza de su sector primario, la baja natalidad, la irregular distribución de la población, la terciarización de su economía, su cada vez mayor dependencia económica de Alemania o EEUU, y la precariedad laboral de su población, son todos fenómenos que no puede sino entenderse desde la panorámica histórica que hemos tratado aquí de ofrecer. Si la soberanía política y la independencia económica de España dependiesen de su reindustrialización en serio, sería absolutamente imposible que España, dentro del marco del euro, de la UE y del espacio Schengen, de la PAC, del fondo de cohesión y de la agenda ecologista que desde 1995 activa Bruselas, pudiera siquiera igualar alguna vez el nivel industrial que (oh, anatema) llegó a alcanzar con Franco.

Revertir esta situación es harto complicado. La reindustrialización de España, a nuestro juicio, es imposible dentro de la UE y del euro. En cuanto a las estructuras militares, la soberanía militar en imposible dentro de la OTAN y la supervivencia es complicada fuera de ella. En cualquier caso, una parte importante de nuestra reindustrialización debería enfocarse en el campo militar. En caso de mantenernos dentro, lo haríamos subordinados a la estrategia geopolítica y bélica de EEUU y sus más importantes aliados. Al menos, esa era la línea tanto de Carrero Blanco como de Franco antes del asesinato de aquel. Carrero cometió el error de querer tratar con EEUU de tú a tú, algo que jamás ha tolerado el Imperio Estadounidense con sus aliados, a los que nunca puede ver como un igual. No obstante, la nacionalización de sectores estratégicos, la apuesta por la soberanía política, la independencia económica de España y el control de toda la economía pública, mixta y privada por parte de la clase obrera española serían elementos necesarios para recuperar el terreno perdido.

En cualquier caso, España sola no puede recuperar el terreno perdido. Necesita insertarse dentro de una plataforma económica que le permitiera recuperar soberanía política e independencia económica fuera de la UE/euro y la OTAN. Hoy día, la única plataforma geopolítica que puede ofrecer esta perspectiva son los BRICS. Pero ningún partido político en España, con o sin representación parlamentaria, plantea esta medida.

Bibliografía

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Sobre los autores:

Alicia Melchor Herrera es técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción con una amplia trayectoria profesional. Es también investigadora independiente y escritora.

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Santiago Armesilla es politólogo, doctor en economía, generador de contenidos audiovisuales en Youtube, escritor e investigador. Este artículo fue previamente publicado en El Viejo Topo, nº 412, mayo 2022.

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